La inclusión de conceptos medioambientales dentro de los diferentes niveles educativos es indispensable para que un país pueda bregar por un desarrollo sostenible y poner en práctica las leyes de protección ambiental. Asimismo, garantizar un acceso al conocimiento de las legislaciones vigentes permite a la población no sólo estar al tanto las mismas sino naturalizarlas dentro de sus prácticas sociales. El derecho a un ambiente sano y sustentable es uno de los derechos humanos, y tanto las regulaciones como la Justicia deberían bregar por su cumplimiento y por la posibilidad de acceder al conocimiento de la disciplina ambiental.

La educación ambiental y el desarrollo sostenible son temas transversales para un país más allá de las diferentes leyes de las distintas jurisdicciones. El cumplimiento y control de estos principios hacen al derecho ambiental y al desempeño productivo de una nación; porque promover el desarrollo sostenible se relaciona con las posibilidades de adoptar alternativas tecnológicas que protejan los recursos naturales y el medio ambiente.

La educación ambiental es una herramienta fundamental para inculcar en la sociedad valores y prácticas responsables respecto al cuidado del medio ambiente, usos equilibrados y sostenibles que perfeccionen la calidad de vida de los ciudadanos. Por esto, la participación e involucramiento social en lo atinente a la protección ambiental se vuelve esencial ya que este es un tema que nos involucra todos. De la misma forma, es necesario asegurar el derecho a la información en esta materia ya que todo ciudadano debe poder acceder libremente a la información ambiental y que esta no se encuentre reservada.

La cimentación de saberes, valores y prácticas que apunten a una educación sobre aspectos biológicos y físicos, mineralógicos, ecológicos y climáticos resulta nodal para abordar la sustentabilidad. Por eso, estimular la investigación como política educativa de Estado en instituciones de educación superior también es otro de los instrumentos principales para acompañar e innovar en avances sobre la protección del medio ambiente y sustentabilidad en el desarrollo. La educación superior debe convertirse en una fuerza promotora del desarrollo, que bregue por una conciencia crítica, cuestionadora, comprometida y transformadora. Sólo así un país podrá construir una sociedad responsable.

Si tomamos el modelo de la Unión Europea, se puede entender cómo sus esfuerzos están orientados en trazar una política de protección ambiental consensuada y conjunta de modo de poner foco en la protección de sus recursos.

Actualmente, la legislación argentina cuenta con diversas leyes en este sentido que estipulan la inclusión de la educación ambiental dentro de la currícula obligatoria y no obligatoria de todos los niveles educativos tanto privados como públicos como también a través de los medios masivos de comunicación e información. Pero la de alcance nacional es la Ley  General del Ambiente Nº 25.675, además del abanico de 3.000 instrumentos legales de distinta jerarquía y jurisdicción vigentes.

Según las autoras Lidia Giuffré; Susana Formento y Silvia Ratto “el derecho ambiental argentino se visualiza como un derecho «blando», con programas y objetivos y sin obligaciones jurídicas. Su carácter es más declarativo que regulatorio, existe falta de adhesión de las provincias a las leyes nacionales, carencia de voluntad política, problemas administrativos de aplicación, anacronismo en algunos casos, y falta de régimen de sanciones administrativas y penales. Debe destacarse que existen contenidos referentes a la educación ambiental de escasa difusión entre la población”.

Una de las condiciones para bregar por el desarrollo sustentable es difundir la educación ambiental. Educación en tanto medio para la gestión ambiental, para el control sobre las diversas actividades productivas que tienen impacto en el medio ambiente, para forjar una conciencia social armónica con un ambiente equilibrado que tienda a la protección y sostenibilidad de los recursos naturales con el único fin de proveer una mejor calidad de vida a la población.

Por esto, el Estado debe hacerse presente con sus políticas activas en lo concerniente al medio ambiente no sólo en su implementación sino en la supervisión y perfeccionamiento de las mismas a través de una eficaz valoración de las consecuencias que estas generan sobre el territorio. Asimismo, debe llevar adelante campañas de comunicación e información a la sociedad y alentar la participación social conciliando lo social, con la arena político-económica y también, claro, medioambiental.

Asimismo, la inclusión de temas relacionados a la educación ambiental en todos los niveles educativos necesita ser apropiadamente evaluada por el Estado quien debe legislar y promover la difusión de estos temas. Para vivir en un medio ambiente sustentable, las personas que habitan en él tienen que tener conocimiento del mismo y conciencia en las propias prácticas de manera de reclamar una política efectiva en esta materia y así constituir un círculo virtuoso.

Argentina tiene que ser responsable en su desarrollo productivo y poder regular las actividades de alto impacto ambiental. Un primer paso es la información y la formación de la población sobre temas ecológicos, por ello que la educación ambiental es un eje vertebral a la cimentación de saberes y conocimientos respecto de la legislación relacionada a la protección ambiental y su puesta en práctica.