La noción de “Ciudadanía Ambiental Global” es un concepto que, si bien resulta relativamente nuevo para los oídos de la opinión pública, tiene muchos años de ruedo. Revisar esta idea y lo que involucra, observar actores y situaciones a nivel nacional que la invisten comprenden el contenido de la presente nota.

Si entramos de lleno en la idea de “Ciudadanía Ambiental Global” asume su punto de partida en el concepto explícito de los derechos y responsabilidades de cada actor social frente al medio ambiente, así como de dos elementos esenciales implicadas en el concepto del ciudadano: igualdad y participación.

Veamos en detalle una definición ampliada del concepto:

“La Ciudadanía Ambiental Global sugiere no sólo el hecho de ser ciudadanos de un país, sino que somos ciudadanos globales.

La Ciudadanía Ambiental Global describe las obligaciones éticas que nos vinculan tanto con la sociedad como con los recursos naturales del planeta de acuerdo con nuestro rol social.

La Ciudadanía Ambiental Global significa adquirir un mejor conocimiento del medio ambiente y utilizar esa información y conocimiento del medio ambiente como herramienta para una acción ambiental ciudadana responsable, tanto individual como colectiva. La evolución de la vida en sociedad que revaloriza el contenido de la relación político-sociales entre individuos y grupos, en la perspectiva de construir un nuevo pacto social en el que el ambiente sea un factor básico a preservar y, con ello, asegurar la sobrevivencia de la propia sociedad.”

De manera ostensible, esta definición implica darle a la idea de “medio ambiente” una dimensión mayor y reponer la idea en el espacio ciudadano diario. La posibilidad de revestir las relaciones sociales a partir de una perspectiva ético-ambiental abre un horizonte muy rico para pensar en una sociedad sustentable en todas sus dimensiones.

Argentina y la ciudadanía ambiental

Suelen apuntar algunos expertos que en nuestro país se está empezando a trabajar en el tema, pero que aún se halla en deuda con un control riguroso de los temas ambientales. En este sentido, es para resaltar la presentación que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) hizo recientemente de su Informe Ambiental Anual 2011. Esta publicación congrega los principales temas de la institucionalidad ambiental de nuestro país y de la región.

La FARN es una respetada organización no gubernamental que tuvo fecha de nacimiento en 1985, y cuyo principal objetivo fue fomentar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad mediante proyectos y trabajos relacionados con la temática ambiental (política, derecho y legislación del medio ambiente, y organización institucional), destinados a los sectores públicos y privados.

Es importante la labor de este tipo de organizaciones así como también el armado de redes -tanto estatales como privadas- que permitan configurar un entramado de relaciones institucionales que cristalicen que este tipo de ideas logren enraizarse en la sociedad.

Este tipo de informes también buscan interactuar en el binomio local/global, es decir trata de establecer criterios, marcos de acción que permitan pivotear entre las fronteras en el contexto del capitalismo globalizado.

Vale decir que en el plano internacional, el informe abre la posibilidad de reflexionar sobre todo tipo de acciones que debe ejecutar nuestro país para afrontar problemáticas globales como las del cambio climático, los daños ambientales transfronterizos y el control de las actividades riesgosas que realizan las compañías multinacionales en el territorio nacional.

En cuanto al plano local, se instauran algunos desafíos cuyo principal misión es lograr una visión integral en la ejecución de los instrumentos de política ambiental y la necesidad de abordar armónicamente las variables ecológicas, económicas y sociales.

Otros de los elementos claves evaluados desde un prisma sustentable son la salud, la matriz energética, la preservación de los bienes naturales, los residuos, la gestión ambiental, el control de las actividades productivas contaminantes, las herramientas de prevención y precaución, las garantías, incentivos y sanciones, las grandes obras de infraestructura, la recomposición de ambientes degradados y la mejora en la calidad de vida de la población. Para todos estos aspectos se plantean diversas vías de acción de cara al futuro.

Resulta nodal que la sociedad pueda ejercer de manera plena su ciudadanía ambiental, de manera tal de hacer cumplir la legislación ambiental y favorecer la participación social. Se sostiene también, desde el punto de vista económico, que están incluidos los beneficios y cargas de un crecimiento económico con inclusión social y preservación de los recursos naturales. Asimismo, se busca sumar mecanismos y herramientas que ofrece la ciencia económica con el propósito de conseguir buenos resultados en la preservación del ambiente y un involucramiento directo de la ciudadanía responsabilizándose por sus elecciones.

Para lograr una conciencia y una ciudadanía ambiental desplegándose en todo su potencial, tanto el sector público como el privado tendrá que propiciar espacios de trabajo coordinado que dirija sus esfuerzos hacia un desarrollo sustentable y armónico. Aún así el rol protagónico lo debe asumir la sociedad civil, sin duda el corazón de ese proceso, a partir de una gran cantidad de mecanismos a su disposición que se encuentran cristalizados tanto a nivel nacional como provincial y municipal.