Tras la controvertida sanción de la ley de protección de glaciares, en un intenso debate que tomó más de 8 horas y que diera como resultado en una votación 35 votos a favor y 33 en contra, los gobernadores de las provincias cordilleranas de la Argentina buscan contrarestar en la Justicia el efecto restrictivo que la misma tendrá sobre el sector minero del país. José Luis Gioja encabeza la cruzada anticipando que hará todo lo que está a su ancance para frenar la norma. En sus palabras: “Se va a tener que litigar todo lo que se tenga que litigar para defender a las provincias”.

Todos los mandatarios de las provincias afectadas por esta norma buscar agruparse para defender a la minería argentina. Una de las estrategias claves en esta iniciativa sería presentar una medida cautelar para suspender la ley hasta tanto un tribunal federal o la misma Corte Suprema de la Nación determine si la sancionada ley es constitucional o no.

Para Guillermo De Sanctis, asesor jurídico del Gobierno de San Juan, la norma “es inconstitucional porque invade las competencias provinciales”.

Tanto Gioja por parte de San Juan como Brizuela del Moral por Catamarca están trabajando con todo el sector para consensuar un plan en defensa de la actividad. Días pasados, Gioja expresó su intención de «trabajar mucho en la reglamentación de esta ley» en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Por su parte, el oficialismo de La Rioja, encabezado por Luis Beder Herrera alineado con el diputado nacional Jorge Yoma, tienen voluntad de “ir ante la Corte Suprema para poder aprovechar los recursos naturales de La Rioja”. “Las provincias están facultadas para recurrir a la Justicia si alguien quiere impedir la explotación de sus recursos naturales”, argumentó.

La reciente Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar es una de las leyes más restrictivas para la actividad minera de Argentina e hidrocarburífera. Del otro lado de la contienda política, Greenpeace y los ambientalistas celebraron la sancion tomada por el Congreso Nacional.

Cabe destacar que esta ley no solo afecta a la actividad minera del país, al crecimiento de exportaciones y al desarrollo económico de diferentes provincias argentinas sino a miles de trabajadores que viven de esta industria. Alejandro Donna, titular de la Cámara Argentina de Servicios Mineros, denunció que la nueva ley atentará contra 250 mil puestos de trabajo directos e indirectos que la minería genera en el país.

Por otro lado, limitar una de las industrias claves además pone el riesgo la seguridad juridica, condición que cualquier país necesita garantizar para la inversión extranjera. Más que restringir el crecimiento económico, sustento para el progreso de cualquier país, se debería poner foco en la sustentabilidad y compatibilidad de las industrias con el medio ambiente para que la conservación de los recursos naturales no se vuelva un obstáculo para el desarrollo económico y social de un país.

Más repercusiones y otras industrias

Desde Neuquén el senador Horacio Lores remarcó su preocupación "por el futuro del desarrollo de la energía geotérmica en la zona cordillerana" de la provincia. "El Protocolo de Kyoto, al cual adhirió la República Argentina por la Ley 25.438, aprueba y estimula esta energía renovable, limpia y no contaminante".

Lores dijo que "Neuquén tiene un perfil netamente energético y provee al país el 50 % del gas, el 23%, y el 25% de la energía hidroeléctrica", y consideró que "es preocupante la posibilidad que se vean restringidas las exploraciones petrolera, especialmente las gasíferas".

Por su parte, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves calificó a la recientemente sancionada Ley de Glaciares "una puja política". Asimismo expresó que se trata de "una Ley inocua, poco aplicable, porque no está claro qué es lo periglaciar, está discutiéndose si lo va a definir la provincia o ésta comisión dependiente del Conicet".

La provincia de Salta, más específicamente La Asociación de Productores de Granos del Norte rechazó la aprobación de la ley de Glaciares. Martín de los Ríos, presidente de la institución, expresó categóricamente: "lo que hacemos nosotros es defender las jurisdicciones provinciales de estos avasallamientos permanentes desde la Nación en la que generalmente legisladores de la Capital Federal como Filmus y Bonasso disponen sobre los recursos naturales de las provincias cuando ni siquiera tienen capacidad para limpiar el Riachuelo o poner un árbol en la puerta de su casa".