La consolidación de la minería como una política de Estado sostenida es una de las tareas esenciales que se están llevando adelante para el crecimiento estratégico y sostenido para la industria. Nuestro país es joven en esta materia y los últimos años han demostrado un progreso excepcional, pero dadas las exigencias propias de un mundo cada vez mas dinámico claramente aún hace falta afrontar más desafíos, generar más sinergias, establecer más articulaciones entre la Nación y las Provincias; en suma, continuar roturando un camino feraz para que la actividad pueda lograr una consolidación definitiva como política de Estado.

Como señalamos habitualmente la realidad económica mundial y nacional es compleja, y nunca se define en un abrir y cerrar de ojos. Sino que más bien merece sesudos análisis, requiere profundas metodologías, y amerita construir estrategias a mediano y largo plazo. La última década demostró que la actividad minera posee un potencial productivo enorme. Y que el Estado ha tomado una actitud proactiva y ha tenido una visión estratégica respecto de mencionado potencial abriendo paso a la constitución de una política de estado. En ese sentido, se modificaron viejas legislaciones así como también se llevaron adelante en muchas provincias proyectos a partir de decisiones políticas pro mineras.

El progreso que implican los proyectos mineros en regiones o localidades postergadas no solo en productivo sino también en lo asistencial, marca asimismo que el crecimiento económico minera acarrea, asimismo, un importante factor de desarrollo social. La generación de empleo que provoca la minería muy amplia y abre paso a la implicancia de proveedores internos que juegan un rol estratégico clave.

Volviendo a la capacidad de construir una política sostenida es importante en la actualidad sopesar el potencial que aun queda por explotar. Pero también es esencial construir dinámicas nuevas y marcos institucionales seguros y coherentes. Los países con tradición minera como Chile por dar un ejemplo, hoy tienen otro tipo de preocupaciones, pero nuestro país debe ocuparse de generar espacios estables para la concreción de proyectos en el mediano y largo plazo con el objetivo de trascender coyunturas internacionales o nacionales favorables, y que la actividad sea un motor de crecimiento constante y efectivo.

Para ello hay varios pasos a favor dados y con altas proyecciones en un tiempo muy corto. Hoy la minería es una de las opciones productivas mas eficientes del país. y esto se dio así mediante el trabajo de muchos tanto en el campo de lo privado como en el de lo publico. Se modificaron diferentes cuestiones alrededor del entorno institucional y del marco regulatorio de la actividad minera; se dieron cambios en la legislación; se efectivizaron políticas provinciales que promovieron de manera vigorosa el progreso de la actividad; se comprometieron diferentes actores en todo el sector para construir sinergias en derredor de una misma política general, y eso dio lugar a atraer y apuntalar las inversiones para el sector, y promover el sistema productivo minero.

Asimismo, las acciones que dieron forma clara a esta consolidación de la minería son por ejemplo, la elevación del rango de la Secretaría de Minería a Secretaría de Estado, que robusteció el entorno institucional y dio forma y contenido al marco para la gestión una política minera a nivel federal. Por otro lado, el desarrollo del Plan Minero Nacional, ofreció una mirada más planificadora y estratégica en el mediano y largo plazo a la política minera. Otro aspecto que no puede dejar de mencionarse es la articulación con las Provincias y, en este sentido la construcción de espacios de convergencia con todos los actores del sector, esto redundo es una mayor actividad del COFEMIN, en la jerarquización del SEGEMAR y en el establecimiento de canales de diálogo efectivo con el sector empresario. En suma lo dicho promovió el proceso y produjo en todo el sector credibilidad dando forma a la consolidación del nuevo modelo productivo nacional.

Esto dio lugar a que en la actualidad el panorama sea positivo: el crecimiento sostenido de las inversiones que a su vez abre paso a la creación de empleo estable y genuino, y asimismo, la aparición y generación de proveedores locales para la industria y el desarrollo de regiones. Para apoyar lo dicho las estadísticas señalan que desde el 2003 las inversiones experimentan un crecimiento sostenido, y desde ese momento se cuadruplicaron las inversiones en exploración y desarrollo de proyectos.

En este sentido, se logró afianzar la política minera del Estado, por medio del sostenimiento de un marco regulatorio coherente y claro, que redundó en la reactivación del proceso de producción minero, con un importante protagonismo de los Estados Provinciales.

Ahora bien, más allá del presente floreciente es tiempo también de afrontar conflictos, y problemáticas complejas. Es importante reconocer que existen posturas y perspectivas disidentes que operan como contracaras al desarrollo del sector. Esto es evidente y si bien el sector desarrolla acciones muy serias y comprometidas a nivel ambiental, no es menos cierto que diferentes movimientos ecologistas suelen difundir con gran pompa consecuencias ambientales que conllevaría la gran minería.

Sobre este último tema fuimos muy redundantes en nuestras diferentes entregas. Hoy, la era de la comunicación requiere alzar la voz y comunicarse con la sociedad. Asimismo, construir espacios públicos de discusión y consenso que vayan conformando un camino de acuerdos hacia un mejor desarrollo de la actividad minera. Este es un desafío que debe convocar a empresas y también al Estado. Cada uno deberá ejercer su rol funcional: las empresas deberán hacer lo suyo en materia de responsabilidad social y ambiental; mientras que el Estado, tanto en sus encarnaciones desde la Nación y las Provincias, debe desarrollar los mecanismos de control y regulación sobre la materia y velar para que estos se cumplan de acuerdo con en el marco regulatorio vigente.

De esta manera, el sector debe entrar en un proceso de reposicionamiento de sus funciones. La definición de un esquema institucional comienza a delinearse y será con el tiempo cuando tome su forma definitiva. Hasta estos días se han llevado adelante acciones importantes, una de ellas es la institucionalización de responsabilidades frente a algunas de las exigencias ciudadanas planteadas a la actividad, mediante la sanción de una ley ambiental específica para regular los impactos ambientales que genera la actividad minera. Esto ha de concentrar los esfuerzos tanto privados como públicos en encaminar el desarrollo minero y que el mismo vaya de la mano de una matriz de crecimiento sustentable en términos ambientales y sociales.

Que la sociedad logre valorar todo lo que genera la minería es parte de una estrategia de acción y de comunicación que tenga como propósito acercar la minería a la gente, y que la comunidad logre experienciar todo lo que la industria hace a favor del bienestar social.