Es el tema que cada vez, con mayor énfasis, aparece en losenfoques oficiales y en el centro de las preocupaciones del sector.

Siguiendo el curso de nuestro análisis -realizado a través de distintos documentos sobre políticas para la pequeña y mediana empresa así como, teniendo presente la preocupación que existe en nuestro sector, tanto de las autoridades como de los propios interesados, por encontrar un camino accesible que permita la participación más directa de la pequeña y mediana minería en este proceso de desarrollo minero, que se da en el país en el marco de las decisiones de una Política Minera de Estado-, es que retomamos el tema, para continuar con un análisis mucho más pormenorizado de las diferentes circunstancias en que realiza sus tareas este segmento de la Minería Argentina.

Uno de los aspectos fundamentales que debe tomarse en consideración es que: la minería contribuye de una manera directa al desarrollo -en términos generales- y regionalmente, es el mayor sustento en la creación de riqueza y de fuentes de trabajo, porque participa de manera insoslayable en la sustentación de todos los factores de progreso de la sociedad. Y estamos hablando concretamente de la diversificación de las actividades económicas; de la expansión de la cultura y del conocimiento; del desarrollo social, pues: participa con creces en la formación profesional y logra que las comunidades jerarquicen sus niveles de educación.

El panorama que presenta la minería abarca una diversa gama de posibilidades para la pequeña y mediana empresa. Comprende el conjunto de minerales no metalíferos y rocas de aplicación; las rocas ornamentales que, -en términos de mercados internacionales- se expanden permanentemente; proyectos de la minería metalífera considerados de menor contenido de metal, etc. etc. En este campo, las perspectivas aparecen y desaparecen según las circunstancias por las que atraviesa la economía del país y -sin lugar a dudas- la economía mundial, pese a que, conforme a lo que ha informado la Secretaría de Minería de la Nación: en sus Estadísticas Mineras para el año 2004, el país ha exportado minerales a 76 países de las diferentes regiones del mundo.

Es posible analizar también, claro está, la situación que deviene de la última década del siglo XX, como señala la CEPAL, a través de un estudio muy amplio que realiza Eduardo Chaparro Avila, Oficial de Asuntos Mineros del citado organismo, cuando analiza que: durante la década de los años 90 “América Latina cambia sus normas e instituciones mineras con el fin de atraer la inversión extranjera, bajo las nuevas condiciones de la economía mundial. Aún hoy -reitera- se dan cambios en algunos países como secuela de esa ola de reformas”.

Es importante analizar este pasaje de la política económica que se expandió por toda América Latina, siendo su mayor consecuencia -como dice Chaparro- que “el Estado se haya alejado de la operación minera directa, reconsiderando su función fiscalizadora y reguladora”. Consecuentemente, “las concepciones tradicionales alrededor de la llamada pequeña y mediana minería perdieron fuerza y en muchas partes, se llegó a postular que era necesaria la desaparición de este segmento de la producción minera. Así, la falta de atención a la pequeña minería facilitó el crecimiento desordenado de las explotaciones y por ende, de la informalidad”.

Sin embargo, sin discutir las consecuencias subscritas, la década de los años noventa trajo consigo las grandes transformaciones que permitieron el desarrollo de nuestra gran minería. Es decir, de la minería que por largos años esperábamos desarrollar: la minería metalífera. Entonces, la interpretación que debíamos dar a la instalación de un escenario propicio para el desarrollo minero del país, debía partir de dos factores fundamentales: cuales han venido sustentando la base del desarrollo y a la vez, han creado las condiciones necesarias para superar e impulsar el desarrollo minero, no solamente del país sino también del Continente Latinoamericano.

Claro está que toda esta transformación se daba en circunstancias donde, la generalidad de los países del Continente, venían reponiéndose de la grave crisis de la década de los ochenta -llamada la década perdida-. Entonces, el estado de ánimo reflejaba un mejoramiento de las condiciones reinantes, cuales se traducían en logros como la estabilidad política y económica, así como un auge de la inversión internacional.

Dice al respecto Chaparro que “Al darse en primer plano el tema de la globalización tomó un impulso renovado el examen de los vínculos con los mercados mundiales y la necesidad de captar flujos de inversión extranjera. Así, la globalización se instaló como tema recurrente en el debate sobre las restricciones que enfrentaban las políticas públicas y la reducción -tanto cuantitativa como cualitativa- del aparato público se convirtió en una preocupación sustantiva de los gobiernos”. Y, consecuentemente, se produjo el abandono de todas las leyes y medidas del gobierno destinadas a la promoción de la pequeña y mediana minería.

En nuestro país se ha señalado que la pequeña y mediana empresa minera sufre de un estancamiento que se extiende por largos periodos. Asimismo, en otra época analizábamos también que “Nuestra política de Estado -que en la actualidad cuenta con un consenso generalizado y está basada en el precepto de la unanimidad-, en realidad tiene pendiente el tema que aún no ha definido: que es la presencia de la pequeña y mediana empresa en los planes mineros de la Nación, precisamente, por ese estancamiento crónico que sufría”. Esto significaba que, “para incorporarla en su marco” -decíamos enfáticamente- “debían armonizarse políticas que resuelvan su participación, procurando que su presencia participe en los procesos de desarrollo”.

Una respuesta fue, sin lugar a dudas, la sanción de la Ley por la cual se establece un “Régimen de Fortalecimiento y Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas Mineras y Proveedoras del Sector Minero”, cuyo texto dimos a conocer en nuestro PANORAMA MINERO SEMANAL Nº 51. Sus fundamentos traducen una realidad innegable al señalar que: “La minería reviste un carácter prioritario en la formulación de la estrategia del desarrollo nacional, sobre todo, en función de su rol como dinamizadora de las economías regionales”. “En el contexto actual de nuestra realidad económica y social, es necesario priorizar -en el diseño de las políticas activas para la minería- a dos sectores de importante potencial de crecimiento y desarrollo: como el de las pequeñas y medianas empresas mineras y las proveedoras de bienes e insumos para el sector minero”.

En el enfoque dado por la autoridad del sector -la Secretaría de Minería de la Nación- su titular, el Ing. Jorge Mayoral, define que: “La Ley de Inversiones Mineras es una ley para todos. Es necesario que se entienda que es así. Tenemos que lograr que nuestros empresarios, pequeños y medianos, traten de informarse más sobre las posibilidades de desarrollo que tienen en este campo. Es por eso que estamos trabajando, cada vez más agresivamente, para lograr herramientas financieras que hagan posible que los proyectos mineros tengan menores costos y en consecuencia, puedan ponerse en marcha”.

Y hablando de oportunidades, recordemos también el importante objetivo que se delineó en el seno del Subgrupo de Trabajo Energía y Minería del MERCOSUR: con la creación del BANCO REGIONAL DE PROYECTOS MINEROS. Una iniciativa que recibimos con enorme beneplácito. Su creación ha sido un paso muy importante para contribuir en la concreción de proyectos. Éstos, originados en regiones donde la minería es una de las actividades más cercanas a la realidad económica.

Los propósitos de tan importante iniciativa nos fueron definidos por el Lic. Luis Gallino, coordinador del proyecto (financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID) quien nos decía: “Se sabe que el sector de los Minerales No Metalíferos es un importante generador de puestos de trabajo y provee materias primas a las industrias de base mineral, como las cerámicas, vidrio, cemento, construcción, siderurgia, metalurgia y fertilizantes. Además está constituido, fundamentalmente, por pequeñas y medianas empresas, cuya reactivación resulta esencial para el desarrollo económico y social de la región”.

Los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación son, en realidad, los sectores permanentemente mencionados cuando se define a la pequeña y mediana minería. Según la Dirección de Inversiones Mineras de la Secretaría de Minería de la Nación, la composición de nuestro sector minero sería la siguiente: “De las 637 empresas inscriptas en la Ley de Inversiones Mineras -y de acuerdo a la actividad que realizan- se tienen: 138 empresas realizando exploración; 260 explotación; 53 explotación y elaboración; 8 exploración y explotación; 13 elaboración primaria; 138 empresas de servicios; 27 organismos públicos. Según el tamaño se puede observar que el 4% son microempresas; el 73% pequeñas empresas; 16% medianas; 7% grandes empresas, que son las que producen minerales metalíferos”.

Llegamos al hecho real de que el segmento de la pequeña y mediana minería - según datos oficiales- constituye el 89% de la actividad minera. En tanto, resultaría muy complejo realizar una mayor selección del sector, aunque sería posible definir su participación en la producción de los minerales industriales. A este respecto y en su oportunidad, Panorama Minero, puso en circulación una Edición Especial denominada: “Geografía de los Minerales Industriales de la República Argentina”, sobre la base de un estudio realizado por los geólogos, Res. Lorenzo F. Aristarain y Guillermo A. Cozzi, quienes señalaron que: “Resultaba importante tomar en consideración que los minerales no metalíferos, considerados como minerales industriales, no constituyen una categorización para una cuantificación determinante, por que, conforme sus usos y los volúmenes comercializados, abarcan alrededor de 17 sustancias, a las que se agregan las rocas caliza y dolomita”.

La ubicación geográfica de estos minerales, sin lugar a dudas, abarca gran parte del territorio de la República Argentina y, siguiendo los fundamentos con los que la Secretaría de Minería de la Nación formalizó su Acuerdo con la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación: “casi el 90% de la industria minera del país corresponde al segmento de la pequeña y mediana minería nacional. Este sector abarca el 70% del empleo total de la actividad que, en el año 2006, podría superar los 29 mil puestos de trabajo directo y más de 121 mil empleos indirectos, entre bienes y servicios”.

Es decir, todas las condiciones están dadas para que este sector de la pequeña y mediana minería, encuentre su camino de participación plena en el desarrollo de la actividad. Seguramente que, tanto los propios interesados como las autoridades de la Nación y de las Provincias encuentren los canales apropiados, para que todo cuanto se viene formalizando tenga un principio de realidad y que, las pequeñas y medianas empresas accedan directamente en el marco de la Política Minera de Estado.

El enfoque del Banco Mundial

El Banco Mundial encuadra su propuesta, frente a la pequeña minería, dentro del combate a la pobreza. Para estos efectos, se muestra partidario de diseñar programas de apoyo (para el desarrollo integrado y sostenible de las comunidades afectadas o involucradas con la pequeña minería). El enfoque de este organismo -centrado en la interacción con la comunidad-, refleja su concepción de que: la minería de pequeña escala y sobre todo, la informal, son un problema que debe ser atendido para mitigar los efectos negativos que genera.

El enfoque del Banco Mundial sobre comunidad y pequeña minería:

• Mitigar o eliminar los impactos ambientales, sociales y culturales negativos, de la minería artesanal sobre las comunidades afectadas.

• Disminuir los riesgos ocupacionales a los mineros.

• Mejorar las políticas y las instituciones gubernamentales encargadas.

• Mejorar la productividad y el sustento de los mineros.

• Colaborar con comunidades para desarrollar opciones para sustentos alternativos, mediante la promoción del uso y la gestión de sus recursos naturales y capital social, de una manera más integrada.

(Fuente: Davidson, Jeffrey 2002)