La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho»; y representa la seguridad de lo que está permitido hacerse y lo que está prohibido por el poder público. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo y/o empresa por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.

En esta nota expondremos algunas ideas del nuevo presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Martín Dedeu, quien opina que “Cuanto mayor sea la estabilidad, mayor será el entusiasmo de las empresas por invertir en el país y lo que es preocupante es cuando hay medidas que son disuasivas de la inversion”.

En este sentido Dedeu manifiesta que lo que no es sano son las sorpresas, y el diálogo es la mejor forma de no equivocarse. Y “hay que decir que la minería requiere inversiones muy importantes que no pueden ser sostenidas sólo con el patrimonio de las propias empresas, sino que requieren financiamiento de grandes consorcios del exterior y el repago de esos créditos está atado a lo producido por las exportaciones”.

Asimismo, cabe destacar que “las empresas mineras pagan un canon en función del territorio que ocupan y la regalía es un pago que se paga a la provincia. Antes de la ley de inversiones mineras, había situaciones no queribles, como el pago en especies, con minerales que las provincias terminaban vendiendo mal”.

Medio Ambiente

En relación con el medio ambiente, el presidente de la CAEM se muestra preocupado frente a “la utilización maniquea de conceptos que no tienen nada que ver con la realidad. Hay quienes, en defensa del medio ambiente, tienen posiciones muy respetables, pero muchos otros tienen un grado de fanatismo tal que me hacen acordar a la Inquisición”.

“Me preocupa la campaña destinada a sofocar a la minería. Es algo negativo no sólo para la empresa, sino para el país; cualquier actividad debe estar sujeta al cuidado del medio ambiente, pero hay que separar la realidad de la mentira y ser coherentes. No me parecen respetables los que atacan la minería, pero usufructúan de sus beneficios y me parece criminal apelar al temor de los sectores sociales, cuando un grupo sin rigor científico señala que la población será envenenada con cianuro, cuando esta sustancia se usa en muchísimas industrias”.