Un nuevo enfoque en la minería mundial

La competitividad de los proyectos mineros en función del desarrollo económico-social de la región.

Los rasgos con que se irán definiendo los factores de desarrollo se centrarán, cada vez más incisivamente, en la excepcionalidad del proyecto: condiciones geológicas de altos contenidos de mineral, sustentabilidad en los programas de producción, modelo en la aplicación tecnológica, utilización de los más adelantados métodos de control del impacto ambiental, participación permanente en el desarrollo socio-económico regional. Un nuevo desafío que hoy plantea la sociedad. La competitividad no sólo estará dada por los perfiles que se definan a través de la seguridad jurídica, la importancia geológica o el control de costos. Comenzará a influir de una manera más contundente, la función que se cumpla directamente vinculada con el desarrollo social de la región donde se ubica el proyecto. Hoy se proyecta una minería sustentable y sostenible.

¿Qué razones existen para este nuevo enfoque del desarrollo minero? En los últimos tiempos, diferentes organizaciones, tanto de carácter no gubernamental, como de los organismos multilaterales, han venido sustentando la necesidad de proveer mejores condiciones de desarrollo social en aquellas regiones donde se realizan explotaciones mineras en mayor escala. Los planteos partían de la necesidad de enfrentar los problemas de contaminación y deterioro de los ambientes naturales, para luego centrarse en las necesidades que vienen planteando las comunidades, tanto indígenas como campesinas y, acercándose hacia el final del Siglo XX, comenzaron a esbozarse las posibilidades de encarar el desarrollo económico-social de la región.

La búsqueda de formas de control aparecieron en foros internacionales y en la formación de organizaciones no gubernamentales que se erigían en custodios de los ecosistemas “cada vez más frágiles frente a la agresiva contaminación de los ambientes”. Una destacada conferencia del año 1992 de Río de Janeiro fue donde se consagró el principio del desarrollo sustentable, sin perder de vista que en 1972, la Conferencia de Estocolmo tuvo un ámbito de discusión y, en 1987, la representación de Noruega planteó la necesidad de consagrar los cuidados del medio a través de medidas que hicieran controlable las actividades primarias del desarrollo. Se fundamentó de esta manera el principio de desarrollo sustentable.

Por otro lado, el desarrollo de la economía no ha tenido, como se esperaba, un desempeño que pudiera augurar mejores tasas de crecimiento para América Latina, que siguieran las tendencias marcadas por la economía internacional. Según informes de los organismos multilaterales: “la tendencia de la economía internacional que siempre es una determinante clave del desempeño de América Latina, registró tendencias contradictorias en el año 2000”. Y esa áspera situación ha hecho que el desempeño económico no fuera de una manera regular en los países, particularmente de los países con mayores niveles de endeudamiento externo.

Lo visible en este caso se registra en nuestro país, donde diversos momentos de la actividad, tanto industrial como minera, fueron críticos y en un largo periodo surgieron acuciantes interrogantes respecto de cómo hacer frente a los altibajos producidos por la falta de expansión y crecimiento, debido a la carencia de incentivos para que sectores promisorios pudieran encontrar las vías que condujeran a un desarrollo sostenible.

Específicamente en el sector minero se acuñaron críticas por la falta de una visión más clara de la política de Estado que, como una constante, se erige en bandera toda vez que se contabilizan acciones de la pasada década y, salvo los proyectos de ley, gestionados por la preocupación de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, en minería no se ha avanzado al ritmo de las urgencias. Así fue puntualizado por una de las organizaciones empresarias más motivadas por la situación imperante señalando que, “existe la necesidad de tomar decisiones definitivas para establecer las medidas requeridas puntualmente, destinadas a reactivar los trabajos de investigación y exploración minera en el país”, entre otras.

Un destino de grandes transformaciones

La década de los años noventa, no caben dudas, fue la de mayor avance en muchos de los frentes que venían siendo motivo de planteos, tanto políticos como empresariales. Fue la década en que la mayoría de los países tuvieron el acierto y la certeza de introducir las reformas económicas que el mundo demandaba, tras la caída del Muro de Berlín, símbolo inequívoco de la Guerra Fría. En nuestra América muchos países establecieron diferentes formas de transformación, introduciendo reformas en el Estado, privatizando sus empresas, muchas de ellas creadas para la prestación de servicios públicos. En síntesis, redimensionando el Estado.

Consecuentemente, se produjo una actualización de la legislación minera. De una manera sistematizada, la mayoría de los países se dieron a la tarea de actualizar y modernizar sus instituciones, introduciendo reformas substanciales en las principales leyes que norman la actividad minera. Cronológicamente, se produjeron los más audaces avances legislativos, destinados a producir un verdadero cambio que fue la característica sobresaliente en la década de los noventa.

La estabilidad política y la seguridad jurídica, conformaron la base fundamental para la atracción de las inversiones. Se puntualizaba que la estabilidad política implicaba la existencia de pautas de convivencia que no pongan en riesgo el pacto implícito en las normas constitucionales y que supongan la existencia de mecanismo para garantizar los derechos de los inversionistas. Se trata en última instancia que las reglas de juego correspondan a un estado de derecho, ajeno a la arbitrariedad de las autoridades.

En nuestro país nos dimos a la reflexión de los hechos que venían produciéndose y decíamos en uno de nuestros editoriales de la época que, haber despertado a la conciencia de que el recurso minero constituye una herramienta económica de transformación, es haber logrado uno de los pilares fundamentales de la política minera del país. Haber creado las condiciones, tanto jurídicas como político-sociales, para una apertura hacia el capital inversor en este campo de las actividades económicas, es haber superado la insignificancia de nuestro sector. El país tiene conciencia de que la realidad minera cuenta con un amplio marco de seguridad, no sólo desde el punto de vista de aplicación de las leyes, sino y fundamentalmente desde el consenso donde la política minera es una cuestión de Estado.

Evidentemente, la transformación profunda que se ha producido en el Estado en la década de los años noventa, que ha dado paso a la participación federal que tienen las provincias, como poseedoras del recurso, conforma la base fundamental de esa política de Estado. Es su contexto y adquiere significado a la hora de definir el rol que juega. Es un punto de inflexión en que se ha producido la ruptura con el viejo régimen. Se aseguraba el marco jurídico que daba una imagen de confiabilidad.

Y, en un orden general, los países de América Latina, ingresaron en el camino predominante de los regímenes democráticos, los que dieron lugar a la vigencia de condiciones de estabilidad política apropiada a las corrientes inversionistas, subrayando la importancia que tiene la igualdad de tratamiento entre nacionales y extranjeros. Se puso énfasis en el marco que garantiza la estabilidad jurídica de los derechos mineros otorgados.

En definitiva, América Latina, había demostrado su gran predisposición política e institucional para que se dieran todas las condiciones necesarias que hicieran posible las inversiones en este campo, sin otra condición que la de posibilitar el desarrollo de la minería.

En cuanto a nuestro país, señalemos que Argentina es, sin duda alguna, uno de los países de América Latina que ha definido claramente una política minera de Estado. Tiene perfil propio, aunque es probable que sólo se la defina como una potencialidad. Lo que no se puede negar es que, como en ninguna época de su historia, hoy en día la minería forma parte de una política de Estado. Su legislación minera, que ha sido sancionada por unanimidad en el Congreso de la Nación, le ha permitido ubicarse a la cabeza de los países emergentes de América Latina, que cuentan con recursos minerales.

Los interrogantes de la globalización

A las premisas del desarrollo sustentable, de la organización territorial que asegure la viabilidad de las explotaciones mineras, el cuidado del medio ambiente, el cierre de minas y la relación con las comunidades indígenas, se suma la premisa del desarrollo social, es decir, la evolución del hombre que trabaja. Se parte, para un análisis mucho más detenido de los procesos de desarrollo, de la significación que adquiere la globalización. Se analiza que “el fenómeno actual de globalización forma parte de un desarrollo histórico muy variable, conductor de diversos caminos y cuajado de múltiples contradicciones”.

La globalización condujo a la apertura de los mercados, a la libertad de comercio, a las grandes corrientes de inversión, a la transferencia de tecnologías, para lo cual, la mayoría de nuestros países de nuestra región pusieron en marcha reformas e institucionalizaron diversos instrumentos que conformaban la mayor garantía para la presencia, tanto de capitales como de empresas, en las diferentes actividades y en la minería. Al mismo tiempo, por la incorporación en los sistemas de explotación minera de una diversidad de tecnologías que en general estaban destinadas a una producción a gran escala, produjo el desplazamiento de mano de obra, provocando niveles de desocupación insospechables. Se llegó a decir que, para el Siglo XXI, “el 20% de la población activa bastará para mantener en marcha la economía mundial”, pensamiento sostenido y difundido por el magnate Washington SyCip que dio lugar a que el escritor norteamericano, Jeremy Rifkin, escribiera su famoso libro “El Fin del Trabajo”. El dijo: “ese 80% tendrá grandes y serios problemas”

La globalización entonces provocó que, muchos analistas, incluyendo altos funcionarios del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, se preguntaran: ¿qué hará el 80% de la población, que estará desocupada? La respuesta particularmente en los grandes centros de poder, en cónclaves como las reuniones del Grupo de los 7, la Organización del Comercio Mundial, han dado respuestas que, en la actualidad, significan un cambio de la filosofía con que se vinieron sucediendo los acontecimientos. Por otro lado, los estudios que organizaciones no gubernamentales difundieron en diversas oportunidades hoy han sido actualizadas, señalando además que, es evidentemente cierto que los países que son cada día más dependientes de sus exportaciones de recursos primarios, de minerales y petróleo, sufren las tasas más altas de pobreza y de mortalidad infantil y, adversamente, sus gastos en sus sistemas de seguridad y de efectivos militares son mayores respecto de países desarrollados.

Y recientemente, el Congreso Mundial de Energía, realizado en nuestro país en el mes de octubre, ha subrayado una de sus principales conclusiones: “Es importante recordar que la humanidad ha enfrentado muchos desafíos a lo largo de su historia y que encontró una solución innovadora para cada uno de ellos. Se requiere un enfoque energético holístico y abarcador, que incluya sus dimensiones sociales y culturales. Es necesario, por ejemplo, establecer su vinculación con las necesidades humanas básicas y el acceso seguro y adecuado a la provisión de agua. El crecimiento económico, el progreso social y la protección del medio ambiente son los tres pilares interconectados para un desarrollo sostenible”.