El escenario internacional, luego de haber sido golpeado por una profunda crisis financiera en 2009, muestra signos de recuperación y el alza de los precios internacionales de los metales permite augurar un panorama prometedor para la industria minera.

En esta parte del mapa mundial, la cordillera de los Andes guarda en su interior recursos metalíferos aún inexplorados y de gran atractivo para los capitales internacionales. Dado este marco, resulta sorprendente que algunas provincias argentinas obstaculicen y frenen el desarrollo minero impulsando iniciativas anti-progresistas ya que las consecuencias que generan son solamente negativas.

Según el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Manuel Benítez, estas trabas legislativas “por un lado, impiden que las provincias puedan desarrollar sus potencialidades y, por otra parte, no dan lugar para profundizar el debate técnico y están basadas en supuestos que no tienen ningún sustento científico”. Resulta necesario trascender la discusión minería-antiminería para poner foco en la productividad que trae aparejado el desarrollo de la industria: el trabajo, la infraestructura y logística que se genera en torno a cada proyecto y que redunda en beneficios a las provincias.

Es por esto que Benítez aseguró que uno de los desafíos más grandes por los que transita la actividad minera en la actualidad es planificar acciones de comunicación social para que “la sanción de leyes equivocadas se pueda corregir” como ocurrió en la provincia de La Rioja. Es importante que la legislación nacional favorezca el desarrollo productivo de la industria, en pos de hacer crecer localmente a las comunidades y provincias aledañas a los emprendimientos como al país en general. Para citar el caso concreto de la provincia de San Juan, su PBI sanjuanino creció un 43% desde que apuesta en la actividad minera. El caso de Catamarca también es elocuente: dos de cada tres pesos que recauda la provincia vienen de la industria minera.

Las provincias de Mendoza, Río Negro y Chubut son las que mantienen legislaciones antimineras por la prohibición a la minería de cielo abierto, la prohibición del cianuro, del ácido sulfúrico y/o el mercurio. Estas, según el presidente de la CAEM, “surgen de la mezcla de desconocimiento e intereses políticos y económicos y no se basan en ningún tipo de conocimiento científico o tecnológico”. Benitez atribuye en gran parte esta situación a lo joven que es la actividad industrial en el país, por esto dice “el principal desafío para el sector es la comunicación”.

En el caso de La Rioja, el gobierno corrigió la legislación que impedía el desarrollo de la actividad minera y hoy se perfila como una de las provincias que mejores condiciones brinda para los potenciales inversores. Neuquén es otra de las provincias que demuestra haber superado esta situación al haber sancionado recientemente una ley que autoriza la explotación minera.

El caso mendocino merece un párrafo aparte, ya que la legislación antiminera que se sancionó encuentra su explicación por un contexto político presidido en ese momento por Julio Cobos. Según Benítez, “a medida que se da lugar a la discusión del tema, se van transparentando los procesos. Lo malo es cuando no se discute y aparecen proyectos de ley entre gallos y medianoche que no tienen ningún tipo de asidero. El caso de Potasio Río Colorado es una muestra de cómo está cambiando Mendoza. Se trata de un megaemprendimiento minero que está a cargo de la firma brasileña Vale, que recientemente anunció que pondrá en marcha la construcción de la mina en 2010 con una inversión de más de u$s 3.000M”.

“En el marco del horizonte promisorio que se presenta, la Argentina tiene mucho que hacer y por explorar, y hay un gran entusiasmo no solamente de los mineros, sino también de los gobiernos provinciales. En la actualidad, entre empleo directo e indirecto, la minería toma alrededor de 260 mil hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del país, y esperamos que sean muchos más”, concluyó Manuel Benitez.